Movimiento Semilla manifiesta
Siete días después de que el Congreso de la República aprobara la iniciativa 5257, la cual reforma la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, la sociedad guatemalteca, defensores de Derechos Humanos, la comunidad académica y la comunidad internacional abrumadoramente han manifestado su rechazo a las amenazas que representan las reformas aprobadas a las libertades de expresión y de asociación.
Semilla respalda la oposición que nuestro bloque legislativo realizó desde el primer día a esta aberración jurídica que enmascara la intención política de acallar voces críticas, ejercicios de auditoría ciudadana a los tres poderes del Estado, a los órganos de control y a los procesos de designación de magistrados y altos funcionarios. Las reformas en cuestión, aprobadas mediante procedimientos legislativos arbitrarios y opacos, instalan un altísimo grado de discrecionalidad y poder sancionatorio, lo que convierte esta espuria legislación en un arma peligrosa en manos del político de turno.
Es importante resaltar que la Ley guatemalteca ya contiene mecanismos de auditoría, fiscalización y control de los fondos públicos que el Congreso asigna a organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales se han formado precisamente para suplir la ineficacia del Estado para garantizar los Derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala consigna para todas y todos.
Es también pertinente recordar a los diputados y al presidente Alejandro Giammattei que la figura legal ONG es de amplio uso en el país como marco de operación para muchas instituciones privadas que no reciben fondos públicos, pero sí prestan asistencia social, educación, investigación social y científica al país.
Confiamos que los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por ciudadanas y ciudadanos sean resueltos favorablemente por la Corte de Constitucionalidad en apego y cumplimiento de su mandato. Asimismo, instamos al presidente Giammattei a ejercer su derecho de veto y devolver la iniciativa al Congreso.
Guatemala, 17 de febrero de 2020
