Anabella María Giracca Méndez
La Carta de Derechos de las Personas Ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, (conocida como la “Declaración de Cancún”), presenta ideas centrales que, ante la severa crisis que sufre nuestro sistema, vale la pena retomar:
Es cardinal el derecho de la población a tener acceso a una justicia independiente, imparcial, transparente, responsable, eficiente, eficaz y equitativa.
La dignidad de la persona y los derechos que le son inalienables demandan la institucionalización de principios básicos que protejan a las personas cuando reclamen justicia. Y esos principios son:
Una justicia moderna y accesible a todas las personas. Una justicia transparente. Una justicia comprensible. Una justicia atenta. Una justicia responsable ante el ciudadano. Una justicia ágil y tecnológicamente avanzada. Una justicia que protege a los más débiles.
Si estos principios son aplicables a la justicia en general, imaginemos el grado de exigencia que se requiere cuando se trata de la justicia en materia penal. Comprendo que la vasta mayoría de delitos tipificados en nuestra legislación son de acción pública. Es decir, solamente el Ministerio Público, en representación del Estado de Guatemala, o mejor dicho aún, del anhelado Estado de Derecho de Guatemala, puede ejercer la acción penal y por ende, debe afanarse en todo momento en que la justicia que busca materializar por medio de sus acusaciones, coadyuven con el cumplimiento de esos principios.
Así, queda evidenciada la enorme transcendencia que tiene la Fiscalía General en un Estado Democrático de Derecho. Porque, al fin y al cabo, lo que se debe buscar con la justicia es intentar, con todo esfuerzo, saber la verdad.
Estamos por presenciar la elección de uno de los cargos más delicados y trascendentales en momentos en los que los poderes oscuros insisten en afianzar sus raíces. Esos que unen fuerzas perversas para seguir desangrando aún más a nuestro país anémico. ¡No nos engañemos! Retomemos las raíces, todos, vamos a lo básico y toral. La Fiscalía General de la Nación debe seguir siendo ocupada por quien demuestre, entre otras cosas, el mayor grado de comprensión de lo que significan aquellos principios básicos de justicia.
Porque aunque no es quien resuelve, interviene inexcusablemente en la resolución de los casos. Insisto, con un solo fin: luchar por conocer la verdad, y por medio de ella, llegar, tarde o temprano, a la paz que tanto añoramos. La fórmula es avanzar, jamás retroceder.
Columna de opinión tomada de El periódico Ver texto original: https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/02/14/yonosoyimpunidad-3/
