Duvalier Castañon / 

Los análisis, las críticas, los debates y las propuestas deben ser un ejercicio cotidiano entre los ciudadanos que son o aspiran a ser políticos probos, capaces de impulsar transformaciones significativas en nuestro sufrido país.

He decidido ordenar un par de ideas para ser sometidas a la consideración del lector y así, generar un sano debate sobre cuál deber ser la ruta para salir del abismo en el que nos han metido los gobernantes (presidentes, diputados, alcaldes y funcionarios públicos, elites, etc.) del siglo XXI.

La Guatemala que hoy tenemos: está ubicada entre las estadísticas más negativas de Latinoamérica, Centroamérica y del mundo; 60% de pobreza, 25% de extrema pobreza, 50% de desnutrición crónica y millones de jóvenes desempleados o subempleados (emprendedores) y sin acceso a formación académica. Para revertir estos efectos (que se han consolidado en un círculo vicioso), debemos impulsar desde el Ejecutivo y el Legislativo (la falta de voluntad política es una de las principales causas de nuestro subdesarrollo) políticas públicas encaminadas a emplear dignamente la mano de obra con la que ya contamos (millones de jóvenes en edad productiva). Asignar más presupuesto a la academia (invertir especialmente en investigación y desarrollo) para aumentar su cobertura. Apostarle al capital de riesgo para financiar emprendimientos novedosos y fortalecer a los emprendedores que están consolidando su proyecto. Destinar un mayor presupuesto a Salud preventiva (primer nivel de atención: centros de salud, unidades mínimas, etc.). 

Las anteriores propuestas conllevan enormes preguntas ¿No es suficiente el presupuesto que tienen actualmente? No, no es suficiente. Los países que han salido o están saliendo de esas estadísticas, asignan un buen porcentaje del presupuesto de la nación a estas prioridades. ¿Acaso no se roban el dinero? Por ello la importancia de la CICIG-MP, pues está comprobado que otro factor del subdesarrollo es la corrupción e impunidad. Debemos seguir en la lucha contra este flagelo como una Política de Estado, que garantice un castigo ejemplar a todos aquellos que roban los dineros del pueblo, la devolución de los mismos y un pago extra por daños y perjuicios (SENABED sigue siendo clave en este orden). ¿Pero si los empleados públicos no son eficaces? Tiene que ver con fortalecer y modernizar la administración pública (reformas al servicio civil). Plazas sometidas a oposición y ascensos por capacidad e idoneidad. Denunciar y cancelar pactos colectivos nocivos para el Estado (como el sindicato del Congreso de la República). Castigar a dignatarios que pongan cargos burocráticos por compadrazgo. 

Y pensando lógicamente, viene una pregunta que nos acerca al meollo del ciclo vicioso, en el que se encuentra estancado nuestro país: ¿Pero, sí es cuestión de voluntad política, los actuales gobernantes no empujarán estas reformas, pues es su modus vivendi, es su botín de oro; acaso se dispararán al pie? Por ello la importancia de depurar estas instituciones vía voto popular. Es decir, con los actuales gobernantes, seguro estamos, no se lograrán esos cambios estructurales. Pero es necesario saber que no hay otra vía, que la política es el espacio desde donde se toman decisiones para generar bienestar común. Necesitamos elegir presidentes, diputados y alcaldes probos, capaces y comprometidos con el desarrollo del país. Gente con dignidad y formación académica, que entienda al Estado y sepa los elementos fundamentales para generar capital social. Necesitamos políticos, no oportunistas ni ineptos al frente de Guatemala. Nuestros mejores ciudadanos para servir con vocación y excelencia. 
Pero, claro, aquí viene la madre de todas las preguntas (sé que la han hecho): el Sistema electoral y los partidos políticos son una fachada ¿cómo hacer para que ciudadanos probos y capaces participen libre y democráticamente a puestos de elección popular? Es conocido, como un secreto a voces, que el sistema actual, privilegia a las organizaciones de cartón (que son la mayoría de partidos políticos inscritos actualmente en el TSE) que mueven legal e ilegalmente decenas de millones de quetzales. Reglas que favorecen la trampa y la mediocridad, las cuales son una barrera para la democracia. Sin embargo, hay dos factores que abren una gran oportunidad para la renovación política legitima: a) Los casos de alto impacto revelados y llevados ante las cortes por el MP-CICIG, los cuales han golpeado, fragmentado, dispersado y convulsionado al sistema clientelar que tenía copado al Estado, y b) Las escasas reformas electorales aprobadas por el Congreso, donde establece la distribución equitativa de recursos Estatales, para publicidad en medios de comunicación masivo en época electoral. Esto reduce considerablemente la desproporcionalidad entre partidos grandes y pequeños, en cuanto a acceso a TV y Radio principalmente, donde se erogan millones de quetzales en pautas. Sin embargo, estos factores no son suficientes para lograr la participación eficaz de ciudadanos probos y capaces en política. A ello, debemos sumarle un compromiso fuerte con la ética y un enorme esfuerzo para trabajar diligentemente en la construcción de una alternativa sólida, de largo alcance y operativa en el corto plazo. Es decir, se puede a pesar de lo difícil que es lograr el respaldo de los ciudadanos sin dar ni ofrecer nada a cambio; en cuyo caso, la convicción, la honorabilidad y el liderazgo de los políticos sustituyen en gran medida al capital económico.

En resumen, la transformación estructural del país, necesita un Estado fuerte, que emplee políticas públicas con eficacia; lo anterior se logra mediante una Política de Estado que exija transparencia y rendición de cuentas, en una lucha frontal contra la corrupción y el impulso de reformas al Servicio civil, que dignifiquen y profesionalicen al servidor público. Dichas reformas deben venir de políticos probos y capaces en el Organismo Ejecutivo y en el Congreso de la República, esto implica construir Instituciones electorales legítimas, de largo alcance, que propicien la participación libre y democrática de sus adherentes. Partidos políticos que pongan la honorabilidad y capacidad por encima del capital económico, el caudillismo, el nepotismo y el tráfico de influencias. 

Pasar de la protesta a la propuesta, es más que hablar y escribir bonito en las redes sociales, es estar dispuesto a asumir la responsabilidad que muchos han dejado al margen y reconocer que las transformaciones grandes se inician con pasos significativos, como el de reconciliar la ética con la política.

Anabella Giracca / 

Que todo siguiera igual sería el mayor desperdicio de nuestra historia. Sería pantano. Sería dolor. Por ello, las demandas ciudadanas deben volverse piel. Deben traducirse en reformar este Estado caduco y derruido. Deben cambiar conductas perversas, producto de aquella política rancia que no ha hecho más que conducirnos al abismo. Deben trasformar este mapa repleto de límites y talanqueras. Deben movernos hacia el verdadero arte de lo posible.

Parafraseando algunos fragmentos de una acción de inconstitucionalidad en contra del transfuguismo, (que según entiendo, jamás se resolvió por parte de la Corte de Constitucionalidad), está claro que el transfuguismo parlamentario denota en el elegido una falta de firmeza ideológica, debilidad de convicciones, exceso de pragmatismo y anteposición de intereses personales y egoístas sobre aquellos programas del partido político que lo llevaron a ocupar un cargo de representación popular, y por supuesto, un fraude a los electores. Los partidos políticos deberían de ser mucho más que un símbolo, una canción electoral o un color de corbata. Los partidos políticos deberían servir para agrupar convicciones ideológicas estables y representar la diversidad de opiniones dentro de una democracia fresca y renovada. Los diputados deberían representar y defender, organizados como bancada, una determinada ruta y un norte comprometido. La conformación de los distintos bloques partidarios en el Congreso es establecida por el soberano en las elecciones generales y no por los diputados de forma individual

O sea que, por medio del sufragio universal los ciudadanos votan por listas cerradas y bloqueadas, agrupadas por una bandera partidaria. Los electores no pueden alterar el orden de las listas ni votar por diputados específicos. De ahí que no se vota por la persona sino por el partido. ¿Entonces?

Los electores podrían esperar que los diputados, por su alta investidura y su calidad de dignatarios de la Nación, sean firmes en sus convicciones. Pero, lamentablemente, no es así en muchos de los casos. El transfuguismo constituye una patología democrática ya que permite a una persona variar unilateralmente la configuración de los bloques partidarios asignados por el soberano. Es una deslealtad tiránica que defrauda al elector. ¡Lo burla! El transfuguismo parlamentario en Guatemala es grave y parece insólito que, en la misma casa del pueblo, se insista en regresarlo a la escabrosa palestra. No es solamente un tema de afinidad individual, sino un insulto a la efectividad del voto. Lógica la desconfianza de los ciudadanos en los políticos. Nos conduce al desastre. Sistemáticamente.

PD: dedicado a los viejos y nuevos diputados. Volvamos piel la transformación y posibles las aspiraciones.

Referencia: https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/07/18/transfugas-2/

Un año recorrido lleno de logros cuantitativos y cualitativos, un año en que despejamos la duda de que no llegábamos a la meta; despejamos la duda sobre nuestra unidad.

Un año de despliegue territorial; un año de trabajo y de heroísmo.

Un año de coherencia, un año de despliegue y posicionamiento del partido. Un año de organización y estructuración interna.

Felicitaciones a todas las compañeras y compañeros que hicieron este tremendo éxito. 

Sigamos teniendo organización y coherencia política e ideológica con POSTURA y TERNURA, abrazos sembradores.

Junta Directiva (2018)
Movimiento Semilla

Juan Pablo Castillo /

La administración pública en los últimos gobiernos se ha caracterizado por la poca participación y relación con la ciudadanía.

Se han utilizado las instituciones del Estado al servicio de una partidocracia cerrada, que solo ha generado corrupción y ha traído como consecuencia crisis, ingobernabilidad y, por ende, el desapego ciudadano y la decepción social.

Existe un distanciamiento muy marcado entre el ciudadano y sus instituciones, sumado a la escasez de información sobre qué hace el gobierno y cómo lo hace, lo cual no solo es, muchas veces inaccesible, sino difícil de comprender. Esto ha generado un nivel de desconfianza bastante alto.

La relación entre gobierno y ciudadanos se ve marcada por un distanciamiento que ha generado falta de participación y una total ausencia de contribución de la población en la solución de problemas y, por consiguiente, ciudadanos frustrados, pasivos, indiferentes ante los problemas de los demás, desconfiados y escépticos ante la posibilidad de un cambio.

Esa pérdida de credibilidad y confianza en el gobierno, lo coloca hoy en día en un papel antagónico frente a la ciudadanía, situación que golpea fuertemente la construcción de una democracia participativa.

La función de la comunicación en el ámbito gubernamental juega un papel de suma importancia en la promoción de un cambio que nos lleve de la apatía a la responsabilidad cívica, entendiendo el potencial de la participación ciudadana en la solución de los problemas mismos que la administración pública debe contribuir a resolver.

La comunicación manejada de forma estratégica debe incentivar la confianza en los ciudadanos a través de un Gobierno Abierto, creando nuevos procesos que pongan a las personas como eje de la construcción democrática a través de la innovación y el uso de la tecnología para comunicar con transparencia.

El uso de las tecnologías de información y comunicación desde el gobierno para agilizar procesos, informar al ciudadano y el incremento de la transparencia y la participación ciudadana en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información en el sector público son aspectos de innovación política que debemos tomar en cuenta desde Movimiento Semilla en la construcción de esa democracia participativa tan anhelada y que todos merecemos.

Anabella Giracca /

Están pasando cosas de antología, pero aparentemente nada avanza. Como esas lagunas quietas pero que llevan las corrientes en su fondo. Serios ejemplos que pongo a su consideración:

Luego de la tragedia sufrida por la erupción del volcán de Fuego, muchas cosas han ocurrido. La ausencia de las máximas autoridades se hizo notar de una forma que lastimó a la población severamente. Ratificó la idea de que estamos en un desgobierno producto de la incapacidad y la disfuncionalidad. Insólito cómo, a la fecha, el gobierno mantiene una cifra de desaparecidos (332), cuando la población habla de miles. Con sus pies sobre la arena apelmazada, viendo hacia abajo la muerte de sus amados negados. Como si fuera poco, se habla de posible sobrevaloración en compras por Estado de Calamidad. Cada vez más. ¿Y las condiciones en los albergues?

El reciente fallo constitucional que suprime el fragmento de la Ley contra el Femicidio, que prohíbe la reducción de penas, abre la posibilidad para que los responsables por femicidio opten al programa de reducción de penas, y salgan de prisión antes de tiempo. Las conquistas ganadas son burladas. Siempre vamos para atrás.

Las deportaciones subieron un 55 por ciento en el primer semestre. Hasta el 30 de junio, 25 mil 366 personas habían sido deportadas. A esto, claro, se le suman políticas migratorias que hemos visto con oscuro asombro, como separar a los niños de sus padres o encargados. Muchos aún no han sido reunidos. ¡Habrase visto semejante brutalidad! El mundo entero se alertó. Y mientras tanto, la pobreza crece, el hambre crece y cada día somos menos humanos. Nuevamente un gobierno ausente. Incoloro. Insaboro.

Pero lo peor está por venir. Según declaraciones del analista Edgar Gutiérrez, y tras los primeros acercamientos con la Fiscal General, el tsunami se avecina con una serie de oscuras acusaciones que podrían involucrar al presidente y posibles estructuras de su gobierno, en casos de abuso sexual. Si esto resulta confirmado, habremos de vivir los momentos más sombríos de nuestra historia reciente. No veríamos delito más deleznable que el de un mandatario al que el pueblo le dio su confianza, aprovechándose para atestar sus depravaciones. Urge hacer un llamado colectivo para realizar acercamientos que faciliten la seguridad de las víctimas y esclarecer estas graves acusaciones. Una de las más delicadas que haya enfrentado la administración pública. También debemos apoyar a las víctimas para que se apersonen, y exigir que en el Ministerio Público encuentren protección y refugio. Sin revictimizarlas, claro. Respetando su dignidad, claro. Porque merecemos saber la verdad. Porque esto no es cualquier cosa.

Referencia: https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/07/11/indicadores/

Anabella Giracca /

El sistema educativo de Guatemala enfrenta un deterioro preocupante. Como una bola de nieve que va creciendo conforme aparecen tragedias en su camino. Recibe el impacto y su desgaste se acrecienta. Abrir la oportunidad de reorientarla hacia una agenda para el desarrollo humano sostenible, es preciso. El futuro del país está comprometido. Y no es un asunto de guetos, tampoco es un tema de caridad. Es de transformaciones estructurales. Debemos aceptar que urge reorientar las valiosas y solidarias cooperaciones hacia las verdaderas necesidades que enfrenta el sistema. Integralmente.

Como por ejemplo, reincorporar al sistema educativo a los millones de niñas, niños, jóvenes que han quedado fuera. Cada vez hay más ausentes y esto es alarmante para un país hecho de niñez y juventud. Esta medida implica la recuperación de la gratuidad y el rescate de la educación pública. Porque es un derecho, no un favor. El país pide a gritos crear programas para los millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Programas de formación integral y capacitación laboral dirigidos al apoyo del desarrollo individual, familiar y comunitario, así como programas de prevención de la violencia. ¿No cree? También orientar procesos de aprendizaje de calidad en el aula y en la realidad multicultural.

Estos tiempos demandan incorporar los temas relativos a la enseñanza de la Constitución Política, derechos humanos, educación para la paz y memoria histórica, educación integral en sexualidad, educación ambiental, ética en el uso de tecnología, la atención a la población con capacidades diferentes y más. Se sabe de programas muy bien intencionados, claro, pero sin el impacto que el país requiere. Es que esto se trata de privilegiar las inversiones que produzcan efectos positivos. También el Congreso de la República debe aumentar el presupuesto asignado a este sector. Ahora que se inicia con el tema del presupuesto 2019, los diputados deberían de ser francos y reivindicarse. (No basta con el 2.9 por ciento del PIB).

No olvidemos que las acciones en materia educativa deben considerar la composición multicultural y plurilingüe del país, como opción política y derecho de la población para ser próspera afirmando su identidad, así como el enfoque de género que construya relaciones equitativas, y mecanismos para una amplia participación ciudadana.

Hoy más que nunca, se necesita reorientar las agendas del fracaso, que han sido impulsadas por sectores de interés. Lo que el momento actual requiere no es sostener un rumbo equivocado, sino rescatarlo hacia una auténtica reforma. Hacia un pacto nacional que nos involucre a todos en demandas y reivindicaciones que hagan de la educación una canción. Sí, música, armonía. Prosperidad colectiva y humana. (Bueno, eso y mucho más).

Referencia. https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/07/04/edu-cancion/

José Pablo Menchú /

En el enfoque del nuevo institucionalismo  los comportamientos políticos son determinados por las instituciones, tal es el caso del sistema electoral guatemalteco que define en buena medida  la composición, comportamiento y calidad de los partidos políticos. Se hace entonces necesario interpretar  la legislación desde una mirada  política para comprender plenamente sus consecuencias en la calidad de los partidos políticos.

Si bien la legislación electoral  impone las reglas del juego y determina el comportamiento de los partidos políticos, no es el único factor que influye en el accionar partidario. Al respecto Nohlen (1999) resalta que el carácter de los partidos políticos son determinados por el sistema electoral pero también a través de los  factores socioestructurales del país.

Sartori (1985) nos habla de las condiciones necesarias y suficientes para producir un fenómeno político. Las condiciones necesaria son los factores que combinados con otros puedes ser causa de un fenómeno político y las condiciones suficientes son aquellos factores que con su sola presencia pueden desencadenar un fenómeno político.  En ese sentido la legislación electoral es una condición necesaria que combinada con factores socioculturales tienden a crear unos partidos políticos con institucionalidad débil, con altos índices de corrupción y poco representativos.

Para este breve ensayo se analizará la legislación electoral guatemalteca como condición necesaria que produce una composición partidaria con poca legitimidad para la ciudadanía. En la ciencia política normativa un partido debe ser una institución de representación que canalice demandas de la población a partir de programas políticos e ideologías, son la base de un sistema democrático liberal. Pero en la práctica existe una distorsión entre el deber ser y lo que en verdad es.

El problema es que cuando esta distorsión es muy grande puede generar un problema de legitimidad en el sistema político en su totalidad, puesto que en la democracia liberal los partidos son prácticamente requisitos sine qua non  (condición necesaria) para la construcción del sistema democrático.

La reglas de juego de los partidos terminan siendo perversas. Empezando por los requisitos para formar un partido ya que la legislación electoral establece como mínimo tener organización en 50 municipios de los cuales solo se requiere 40 personas afiliadas en cada uno de ellos así mismo requiere por lo menos 23,000 (0.3% de afiliados del padrón electoral) afiliados totales, en ese sentido solo 10% de los afiliados pueden participar democráticamente en las estructuras partidarias. Esto crea una distorsión que obliga a los partidos a convertirse en una máquina para captar afiliados que muchas veces caen en métodos poco legítimos para conseguirlos.

Sumado al tema de organización interna otro tema medular es el financiamiento ya que la legislación electoral establece que el financiamiento público es lo equivalente dos dólares por cada voto obtenido por el partido ya sea en la elección a diputados de listado nacional o a la elección presidencial (dependiendo de cual se mayor) repartido en los siguientes cuatro años. Como resultado el financiamiento público es insuficiente para las funciones operativas de un partido que como mínimo tiene que tener 23,000 afiliados, lo cual acorrala a los partidos a buscar el financiamiento privado o comprometer candidaturas con tal de mantener la estructura. Este fenómeno que se agrava en periodo electoral.

Otro componente negativo es la extrema centralización partidaria combinada con sus pocos incentivos democráticos. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tiene la capacidad de proponer candidaturas en los lugares donde no existe organización partidaria legal, eso significa en casi todo el país. Estas candidatura en la mayoría de los casos no son en función de ideales políticos o postulados democráticos sino en términos puramente electorales. 

Como consecuencia de todo lo anterior la legislación electoral combinado con aspectos socioculturales como la falta cultura democrática contribuyen a la configuración de una categorización de partido político particular alejado de las clasificaciones clásicas de partido de cuadros o de masas. ASIES (2013) plantea el surgimiento de “partidos franquicia” que se caracterizan por su enfoque meramente electoral y por la centralización en la toma de decisiones por parte del CEN.

En ese sentido el partido actúa como una marca cuyo dueño sería el CEN y esté lo presta a las candidaturas tal como funciona una franquicia.  El consumidor de esta franquicia termina siendo el votante y el partido se convierte en una empresa puramente electoral. Esto tiene consecuencias graves en el sistema democrático guatemalteco que es la mercantilización de la política y por lo tanto un sistema político rentable para la corrupción. Ya que cuando los partidos se convierten en empresas, los,“empresarios políticos” quieren obtener beneficios económicos de la democracia , sino dejaría de tener sentido el modelo de partido franquicia.

Las consecuencias de este modelo de partido franquicia son sensibles para el sistema político guatemalteco ya que promueve la corrupción y desvirtúa el ideal de partido político como institución encargada de promover la participación política, la construcción de programas políticos y la identificación con posturas ideológicas. Este modelo debilita la institucionalización de los partidos políticos convirtiéndolos en empresas efímeras que cuando dejan de ser rentables simple y sencillamente desaparecen o se crean otras. Todo esto pone en tela de juicio la legitimidad de nuestra democracia que se dirige hacia un proceso de mercantilización.

En conclusión la legislación electoral es una condición que influye en la composición de un modelo de partidos políticos totalmente desvirtuado y que es desfavorable para la construcción de una democracia. Lo que conlleva la necesidad de cambiar la reglas del juego del sistema electoral. Eso no se va lograr sino se busca reformar la legislación electoral en función a la democratización interna de los partidos, replantear los requisitos para formar y organizar un partido y aumentar el financiamiento público como mecanismo de independencia financiera de los partidos . Y no se puede olvidar que estas acciones tienen que ir de la mano políticas encaminadas a mejorar la cultura democrática de la ciudadanía con el objetivo de crear las condiciones socioestructurales de una democracia verdadera.

Bibliografía

Asies. (2013). Qué entendemos por partidos franquicia. En revista Momento año 28, No 3-  2013. Recuperado de  https://s3.amazonaws.com/asies-books/books/Momento-2013-3-Que-entendemos-por-partidos-franquicia.pdf

Sartori, G. (1985). La influencia de los sistemas electorales. Recuperado de https://cepchile.cl/cep/site/artic/20160303/asocfile/20160303184027/rev17_sartori.pdf

Nohlen, D. (1999). Sistema de Gobierno, Sistema Electoral y Sistema de Partidos Políticos : opciones institucionales a la luz del enfoque histórico-empírico. México, DF:Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

De vital trascendencia.

Anabella Giracca /

“Una judicatura de integridad inobjetable es la institución básica y fundamental que garantiza la vigencia de la democracia y la legalidad. Incluso cuando fallan todas las protecciones, un poder judicial de esas características ofrece al público un baluarte contra los atropellos a los derechos y libertades garantizados por la ley”. (Prefacio, “Los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial”).

Luego de todo lo que hemos vivido; luego de la débil justicia subastada, ultrajada, manipulada, vendida, “encoimada”; luego de saber de tantos jueces vilmente atacados y asediados, claramente debemos comprender que los poderes judiciales en cada sociedad, deben evolucionar hacia la consecución y consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces, sino como derecho de los ciudadanos. Porque sí, es nuestro derecho contar con un sistema de justicia libre, que sea accesible, eficiente y previsible.

La propia Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce como fundamental el principio de que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

Hay que insistir una y otra vez en que la independencia no se trata de un privilegio, sino de una responsabilidad vinculada a las funciones jurisdiccionales. El núcleo central del principio de independencia judicial es la total libertad del juez para conocer de las causas sometidas al tribunal y decidirlas. Debe ser tan libre, que tiene que lograr muchas veces ser libre de sí mismo: jamás cargar una decisión con sus propias convicciones personales. Es decir, debe ser además, imparcial. Pero ningún juez o jueza puede intentar ser imparcial si no cuenta antes con la independencia. Se complementan, sí, pero no puede haber verdadera democracia sin jueces soberanos. Y eso, me parece que nos compete a todos refrendarlo.

La confianza de la sociedad es esencial. Por ende, la percepción pública de la independencia judicial también es fundamental. Romper en nuestro imaginario, tan deteriorado, con la idea de una justicia siempre a merced de fuerzas e intereses provenientes de la oscuridad. Es hora de exigir colectivamente y de apoyar reformas sustanciales que nos garanticen libertad. Es hora de respaldar a jueces y juezas valientes, que no están a la venta.

Después de toda el agua que ha pasado debajo del puente, ¿se da cuenta de que los jueces, a la hora de defender la democracia y el Estado Democrático de Derecho, son funcionarios vitales? (Vital: que da vida).

Referencia: https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/06/20/sobre-independencia-judicial/

Varios artistas y coleccionistas se han sumado al financiamiento colectivo de @msemillagt, con el fin de generar fondos que permitan seguir trabajando en la construcción de un proyecto político diferente.

Luis Fernando Mack /

El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes (Cicerón).

La mañana del domingo 3 de junio parecía como cualquier otro día normal, excepto quizá por la fina arena volcánica que empezó a caer alrededor de las 2 de la tarde.  Muchos de los medios de comunicación ni siquiera se dieron por enterados de que algo estaba ocurriendo, y las autoridades apenas convocaron a una conferencia de prensa para informar del asunto ya empezando la noche.

Las primeras noticias hablaban de siete muertos. Y aunque ya se intuía una tragedia, nadie estaba preparado para comprender la magnitud de lo que había ocurrido. Conforme pasaron las horas, el cuadro empezó a formarse: las dantescas escenas de la tragedia y los testimonios de los sobrevivientes empezaron a divulgarse por las redes sociales y los medios de comunicación, por lo que poco a poco la sociedad guatemalteca despertó del letargo. La que podría llamarse la peor tragedia de los últimos 40 años empezaba a tomar forma.

Con conciencia de lo ocurrido, la solidaridad y la entrega de la sociedad empezaron a emerger con fuerza: los héroes se multiplicaron, las donaciones empezaron a fluir y los voluntarios no dejaron de alistarse para ayudar en lo que fuera necesario. La tragedia había hecho emerger lo mejor de una sociedad que hace muchos años no experimentaba la fuerza de la unión. El dolor no disminuyó, pero la esperanza empezó a tener el rostro de los muchos guatemaltecos dispuestos a poner un granito de arena para enfrentar la tragedia.

Mientras los ciudadanos se organizaban para acompañar y consolar a los damnificados, las autoridades se retrataban de cuerpo entero. La imagen de funcionarios públicos insensibles, incompetentes y oportunistas empezó a delinearse con fuerza. La primera pregunta que hasta la fecha nadie ha respondido satisfactoriamente es qué pasó con el sistema de alerta temprana, cómo fue posible que la tragedia sorprendiera de tal forma a un número aún indeterminado de guatemaltecos indefensos. A la incapacidad institucional para proteger a los ciudadanos se unieron la total desconexión entre los múltiples intentos de enviar ayuda desde el extranjero y la incapacidad gubernamental de recibir y canalizar la ayuda ofrecida. Pero lo peor vendría del Congreso de la República: luego de una breve pausa para aprobar el estado de emergencia, los diputados se aprestaron a seguir discutiendo la aprobación de leyes de dudosa legitimidad, con lo cual mostraron una absoluta insensibilidad a los damnificados. Este cúmulo de hechos desafortunados desde quienes supuestamente representan los intereses de la ciudadanía ha sido suficiente para despertar una conciencia ciudadana de que necesitamos un cambio profundo. Es tiempo de desterrar, de una vez y para siempre, las viejas prácticas políticas revestidas de cinismo, incapacidad y corrupción.

La primera pregunta que hasta la fecha nadie ha respondido satisfactoriamente es qué pasó con el sistema de alerta temprana.

Al final, parece que estamos muy cerca de los pronósticos que desde hace muchos años he escuchado de numerosos analistas y colegas que se dedican al tema político: la idea de que, una vez que ocurriera una catástrofe social, política o económica de gran magnitud —lo que muchos llamaban tocar fondo—, la reacción natural de la ciudadanía sería la de generar un cambio profundo en el sistema político.

Solo hace falta conectar la creciente conciencia ciudadana que ha emergido a una vigorosa opción ciudadana que pueda encaminar a nuestro país a un futuro cualitativamente diferente, ahora que estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral. Tengo la confianza de que esa opción empieza a delinearse desde el Movimiento Semilla, un proyecto que, de forma imperceptible pero constante, ha ido sorteando los obstáculos que ha encontrado para empezar a delinearse como una opción ciudadana que supere la grave crisis que aqueja a Guatemala.

Guatemala realmente necesita una esperanza en estos momentos difíciles.

«A menudo, en los más oscuros cielos es donde vemos las estrellas más brillantes» (Richard Evans).

 

Referencia:https://www.plazapublica.com.gt/content/la-tragedia-que-conmovio-guatemala