Juana Margarita Guerrero Garnica /

El 15 de abril de 2018 se llevó a cabo el referéndum en Guatemala para decidir si los Estados de Guatemala y Belice se sujetarán voluntariamente a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver el diferendo territorial del «zona de adyacencia», que abarca 11.030 kilómetros cuadrados más salida al mar y área insular de los 22,966 kilómetros cuadrados del territorio beliceño.

Dicha consulta se ha realizado en medio de un ambiente de incertidumbre, desconocimiento y desinformación. La mayor parte de la población no sabía que habría un plebiscito y tampoco había claridad sobre su objeto.

Por otro lado, Guatemala se ha caracterizado por ser un país con baja participación electoral. Con datos preliminares del TSE (92,62% de votos válidos al 16 de abril), de los siete millones y medio de guatemaltecos empadronados (de una proyección de 17 millones de habitantes), el 73,67% se abstuvo de votar. Del 26,33% que votó, 95,87% optó por el Sí y 4,13% dijo No.

Fuente: Prensalibre

Antecedentes
Aunque Belice fue reconocido como Estado en 1981 por la ONU y por Guatemala diez años después, el conflicto se remonta al Tratado de París (1783) mediante el cual España cedió a Gran Bretaña parte del territorio de lo que hoy es Guatemala. De ahí la discrepancia entre los expertos respecto a si Guatemala reclama solamente la zona de adyacencia o el territorio beliceño en su totalidad.

Desde el siglo XIX han existido múltiples intentos por resolver el conflicto: que Guatemala cediera el espacio a cambio de una compensación que incluía que Gran Bretaña construyera una vía de comunicación desde la capital guatemalteca hasta la frontera beliceña; se intentó asimismo acordar ceder el espacio a cambio de una compensación económica; otra vía propuesta fue someterse a un arbitraje internacional. En ninguno de los casos se llegó a un acuerdo.

En 2002, aceptando las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) surge una comisión tripartita conformada por Belice, Guatemala y Honduras para establecer las fronteras marítimas, pero tampoco logró acordarse nada. En 2008, finalmente, se firmó el «Acuerdo especial para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala» del que deriva el plebiscito del 15 de abril.

Este ya intentó realizarse en 2013, pero fue suspendido mediante una inconstitucionalidad planteada ante la Corte de Constitucionalidad en virtud de las inequidades existentes en el Protocolo del Acuerdo en cuanto a las condiciones para que la consulta fuera válida en ambos países. Dichas diferencias se resolvieron, acordando que en ambos países el referéndum sea válido con el voto por mayoría simple.

En caso de que en ambos países la mayoría vote por el Sí, será la CIJ quien decida qué pasa con el territorio disputado; la sentencia será inapelable. Si en ambos países o en uno de ellos gana el No, entre las opciones está repetir el referéndum o buscar otras vías de resolución del conflicto.

Los que llaman a votar y los que llaman a no votar
En medio de la confusión se ha llamando a votar y a no votar. Quienes llamaban a votar por el Sí lo hicieron señalando, entre otras razones, que es tiempo ya de resolver el conflicto, sobre todo por la necesidad de definir fronteras claras que brinden certeza jurídica a los ciudadanos de ambos países. También porque el conflicto se ha utilizado repetidamente como cortina de humo para desviar la atención de problemas coyunturales y para erogar fondos del Estado innecesariamente. Quienes llamaban a votar por el No lo hicieron aduciendo la desinformación que había sobre el referéndum.

Asimismo, hay grupos conformados por mayorías excluidas que han llamado a no votar, entre ellos la Coordinadora para el Desarrollo Campesino (Codeca) y el Colectivo Región Norte. Este último, conformado por mayas qeqchíes que señalan que nunca se ha tomado en cuenta la opinión de los pueblos q’eqchi’, mopán y garífuna que ancestralmente habitan la Región Norte (que incluye la zona de adyacencia) para la resolución del conflicto.

Cortina de humo y postura de Belice
Estratégicamente, el referéndum se ha realizado en Guatemala en medio de la elección del fiscal general de la República y jefe del ministerio Público, que por las circunstancias actuales podría significar un retroceso en la lucha contra la corrupción. En Belice, donde hay igualmente llamados a votar (por el Sí y por el No) y a no votar, ni siquiera han establecido una fecha para llevar a cabo el plebiscito.

Pese a las consultas populares, el conflicto está lejos de resolverse, aun sometiéndose a la jurisdicción de la CIJ, pues se trata de un proceso judicial complejo, largo y oneroso. Mientras tanto, la consulta ha costado a Guatemala 30 millones de euros que podrían haberse utilizado para solventar problemas estructurales en las áreas de salud, educación, seguridad y justicia, y que podrían haberse ahorrado llevándola a cabo en 2019, el mismo día de las elecciones generales.

Referencia: https://www.politicaexterior.com/latinoamerica-analisis/zona-adyacencia-caso-belice-guatemala/

Acción Ciudadana y ALAC presentaron ante la CSJ un amparo en contra del Ministro de Gobernación por restringir el acceso a información pública. Indican que Degenhart ha denegado la publicación del contenido de la agenda de su reciente visita a Washington.

Referencia: https://www.facebook.com/lahoraguatemala/videos/1882959735088806/

Karin Slowing /

Según las proyecciones que derivan del caduco censo 2002, actualmente somos como 16 millones de personas en Guatemala. Más de la mitad es población joven: Aproximadamente 5.6 millones de niños y niñas entre 0 y 14 años; y otros 3.5 millones de jóvenes entre 15-24 años.

Desde el punto de vista demográfico, una estructura de población como la nuestra es una ventaja para impulsar el desarrollo de un país, 3.5 millones de jóvenes que formarían lo que se denomina el “bono demográfico”: esa gente que debería estar llamada a impulsar la economía, a regenerar la sociedad y que ahora, también queremos que se involucre para transformar la política.

Un sueño lindo, pero con poco asidero real, partiendo del hecho que la mitad de la niñez tiene desnutrición crónica; que 700 mil niños trabajan desde muy tierna edad, y la mayoría (60%) ni siquiera recibe remuneración, pero igual ayudan a que sobreviva la familia. Somos una sociedad donde de cada 10 niños en edad escolar solo cinco están matriculados en preprimaria; 7.5 de cada 10 se matriculan en primaria y, si logran mantenerse dentro del sistema, deben hacer la hazaña de aprender habilidades de lecto-escritura y aritmética básica con el estómago medio vacío.

En este contexto de precariedad, algunos logran completar la primaria y transitan al ciclo básico. Nuestra Constitución dice que 9 años de escolaridad debería ser el mínimo para todos. Sin embargo, solo 4 de cada 10 jóvenes se matriculan en básicos y 2 de 10 en el diversificado. Casi un millón de jóvenes entre 13-18 años están totalmente fuera del sistema educativo. De ellos, ya sabemos que su futuro está marcado por la reproducción de otro ciclo generacional de exclusión.

 
¿Qué pasa con los “afortunados”? ¿Los que pudieron completar su educación media? ¿Tienen acaso una vida diferente? Claudia Gómez, la joven migrante asesinada en la frontera norteamericana por un guardia de ICE, nos diría que no. Para algunos de ellos al menos, las oportunidades no son muy diferentes de quienes no tuvieron educación.

¿Qué haces si a pesar de educarte, cada vez hay menos garantías de que habrá acceso a oportunidades laborales? Claudia era graduada de educación media, una contadora. Para nuestro estándar educativo, era una joven ya preparada para trabajar, pero no tuvo la oportunidad. “No hay empleo —dicen— solo para los recomendados”. Así de precaria es nuestra economía. Las oportunidades se mueven por estratos, por circuitos de redes y relaciones.

¿Qué hace una joven si el acervo educativo que le dio el sistema no le alcanzó ni para pasar los exámenes de la USAC?; si su familia no tiene los medios para pagarle una universidad privada. Menos del 10% del total de jóvenes que se gradúan de educación media acceden a la educación superior. Cansados estamos de escuchar año tras año, que solo unos 120 mil graduados tienen oportunidad de entrar al mercado laboral. ¿Qué futuro les queda entonces a jóvenes como Claudia? Sumergirse en la economía informal, migrar, ingresar como lugartenientes de la economía ilícita, embarazarse y reproducir el ciclo, o, como le pasó a ella, convertirse en carne de cañón a sus escasos 20 años.

No tengo duda que la política migratoria norteamericana está deshumanizada. Pero me duele más ver que quienes mueven los hilos de la economía nacional y tienen el poder de cambiar estas situaciones, no hacen nada al respecto. Acá se prefiere que la juventud corra el riego y llegue al matadero, antes que ceder un ápice en los privilegios. Hoy pienso en Claudia y su fatal destino, y evoco a esos otros miles de jóvenes que lo seguirán intentando hoy, mañana y cada día, hasta que nuestro país cambie y les dé una oportunidad.

 
karin.slowing@gmail.com

Es un tema de conciencia.

Anabella Giracca /

Recordar la muerte inclemente y feroz que ha sufrido la población guatemalteca es acertado. Es necesario, aunque a algunos les moleste. Recordar y recordar. Aprender del pasado. Jamás repetir. Pero acá hemos gastado mucho odio y energía en ocultar y hasta minimizar la historia perversa que nos demarca. Hemos sido víctimas del silencio. “Ah muerte tan silenciosa, déjame vivir un día”. Muerte que asecha y que se esconde detrás de tanto espejo roto.

Berlín, por ejemplo, recuerda su historia en cada esquina. Museos, monumentos afloran de las calles, contando a gritos las millones de vidas sacrificadas por el odio, el racismo, la guerra. Los niños aprenden de su pasado sin miramientos; les enseñan a desarrollar pensamiento crítico; a “historizar” los hechos para sobrevivir en un mundo que, de muchas maneras, aún insiste en el racismo y la muerte. Si no me cree, basta con revisar noticias. Deleznable lo que ocurre en las fronteras del Norte a causa del racismo y la xenofobia. La migrante indígena guatemalteca, Claudia Patricia Gómez, fue asesinada en Laredo, Texas, por una patrulla fronteriza. ¿Hay que olvidar? ¡Jamás!

Aunque parezca verdad de Perogrullo, el sistema educativo no se reduce a sus asuntos administrativos o de enseñanza. También está hecho para recordar, para formar identidad y pensamiento colectivo.

El caso Molina Theissen se volvió ejemplar. Paradigmático. Por las décadas de lucha de esas mujeres valientes que alcanzaron no solo hacer justicia, sino abrir de nuevo los ojos de una población dormida.

El tribunal ordenó recordar. Prohibió olvidar. Como parte de las medidas de reparación hacia la familia, distintas instituciones deberán crear documentales, edificar monumentos e implementar acciones para recordar los crímenes cometidos en contra de los hermanos Theissen que, a su vez, son reflejo de miles y miles más…, de pueblos enteros. También se ordenó que el Mineduc produzca textos educativos que recuerden la desaparición forzada durante el conflicto armado interno. ¡Bravo!

Apostar por la transformación del conocimiento es la clave. Comprometernos con una historia común y estar convencidos de la posibilidad de cambio. Recordar para no repetir. Esclarecer. Velar por la lealtad al sistema democrático y al imperio de la ley. Convivencia y proyecto compartido: reconocer la verdad que, con sus múltiples hilos, nos une. Es un tema de conciencia, de valores éticos y públicos que nos permitirían vivir y crecer en sociedad. En paz.

Ni una Claudia Patricia, ni una Emma Guadalupe, ni un Marco Antonio más. ¡No más!

Referencia: https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/05/30/ah-muerte-tan-silenciosa/

Marielos Monzón /

El mes de mayo se ha convertido en emblemático para nuestro país. El 10 de mayo de 2013 el Tribunal de Mayor Riesgo A emitió la sentencia en el juicio por genocidio contra el pueblo maya-ixil. En la madrugada de este jueves 24 de mayo, el Tribunal de Mayor Riesgo C resolvió condenar a cuatro exmilitares de alto rango por violación agravada, desaparición forzada y delitos contra los deberes contra la humanidad.

Ambas sentencias sientan un precedente fundamental para Guatemala y le devuelven a las miles de víctimas del terrorismo de Estado y a sus familias un derecho fundamental: el de la justicia. Una justicia que se escribe con M de memoria porque el olvido nunca puede ser la manera de construir futuro. Y aunque las sentencias se dictaron por hechos concretos y por delitos cometidos contra personas concretas, su alcance es colectivo.

La violencia sexual, la tortura, los vejámenes en las cárceles clandestinas y la desaparición forzada fueron prácticas recurrentes de la estrategia contrainsurgente y una decisión planificada y deliberada de los altos mandos militares contra población civil no combatiente y eso quedó probado. Ya no es solamente la verdad de la familia Molina Theissen, es una verdad jurídica establecida por un tribunal nacional.

Los militares fueron juzgados por jueces independientes, tuvieron derecho a defenderse y se les respetó su integridad. Todo muy distinto a lo que hicieron ellos con quienes consideraban “delincuentes” y a quienes negaron toda posibilidad y oportunidad de defensa, ni qué hablar de la presunción de inocencia o del debido proceso.

Esta justicia también se escribe con M de madre y de mujer. Las Molina Theissen son un ejemplo de dignidad, valentía y fortaleza. A pesar del miedo que paraliza, de la calumnia que denigra, del silencio que es el mejor cómplice del olvido y del tiempo que procura impunidad; Doña Emma, Lucrecia, Eugenia y Emma Guadalupe no se dejaron vencer y por más de 30 años lucharon para contar su verdad, para no perder la memoria y para alcanzar la justicia. Buscaron y continuarán buscando a Marco Antonio, ese muchacho de 14 años que el odio del fascismo les arrebató.

Al odio lo enfrentaron con amor, a la impunidad con perseverancia, a la ignominia con dignidad, a la mentira con verdad y al terror con valentía y compromiso. “Les devuelvo la vergüenza y el terror; no puedo deshacerme del dolor y jamás podré deshacerme del asco, pero les dejo con su odio”, les dijo Emma Guadalupe a sus victimarios en una lección de enorme humanidad.

Su lucha es la de las miles de familias que siguen sin tregua indagando por sus seres queridos; acompañando a los equipos de médicos forenses que recuperan restos de las fosas clandestinas; sometiéndose a pruebas de ADN; examinando los archivos históricos para encontrar alguna respuesta a su permanente búsqueda y para cerrar el círculo del dolor continuo que supone la incertidumbre de no saber qué pasó, qué les hicieron y dónde están sus familiares; organizándose colectivamente y luchando por la aprobación de una ley para que se instale una comisión nacional de búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada.

También por eso es histórica esta sentencia, porque les devuelve a las y los desaparecidos la condición de personas que les quisieron arrebatar. Por eso esta sentencia también se escribe con M de Marco Antonio, a quien el Tribunal nombró fuerte y claro y quien a través de los ojos y los corazones de su mamá y sus hermanas sonrió, porque la justicia no es venganza, es justicia, y aunque tardía, llegó por fin para él y su familia.

Referencia: http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/justicia-se-escribe-con-m

Editorial,  el Periódico /

La señora Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom (2008-12), expresidenciable y actual Secretaria General del partido UNE, en su cuenta de Twitter, expresó “Urge legislar para prohibir a fiscales y funcionarios de justicia participen en política partidista hasta después de 4 años de entregar el cargo. Para evitar politización de la justicia”, en una clara alusión a la posibilidad de que la ex-Fiscal General, Thelma Aldana, sea postulada como candidata presidencial en las próximas elecciones generales.

La Constitución establece que no podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República: 1) El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno; 2) La persona que ejerza la Presidencia o Vicepresidencia cuando se haga la elección para dicho cargo, o que la hubiere ejercido durante cualquier tiempo dentro del período presidencial en que se celebren las elecciones; 3) Los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del  Presidente o Vicepresidente cuando  este  último  se  encuentre ejerciendo la Presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso 1; 4) El que hubiese sido ministro de Estado, durante cualquier tiempo en los 6 meses anteriores a la elección; 5) Los miembros del Ejército, salvo que estén de baja o en situación de retiro por lo menos 5 años antes de la fecha de convocatoria; 6) Los ministros de cualquier religión o culto; y 7) Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Asimismo, la Constitución dispone que “la persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de Presidente de la República por elección popular, o quien la haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular, no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso”.

Por tanto, la prohibición que sugiere Torres tendría que adicionarse forzosamente a las prohibiciones que establece la Constitución. En todo caso, la prohibición sugerida no podría incorporarse en una ley ordinaria sin modificar la Constitución de acuerdo con el procedimiento de reforma que establece la misma Carta Magna, porque sería incompatible con esta y susceptible de ser expulsada del ordenamiento jurídico.

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que resulta irónico que Torres proponga que se incorpore a la legislación una prohibición que impida a determinados exfuncionarios públicos optar a cargos de elección popular, cuando ella misma, a través del divorcio de su entonces marido, el expresidente Colom, pretendió, en el año 2011, que los tribunales no le aplicaran la norma constitucional que prohíbe al cónyuge del gobernante optar al cargo de Presidente.

En todo caso, hemos sostenido en este espacio editorial que Torres podría estar inhabilitada para optar al cargo de Presidente o Vicepresidente, ya que, de facto, ejerció funciones inherentes al cargo de jefe de gobierno durante la presidencia de Colom, actuaciones que son del conocimiento público.

Referencia: https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/05/29/en-torno-a-la-prohibicion-que-propone-sandra-torres/

Carol Zardetto /

¿Podremos abrigar la esperanza de sanar algún día el daño colectivo?

Amanecimos el miércoles con noticias del fallo en el caso Molina Theissen. Como con fallos anteriores vinculados a la guerra en Guatemala, los sentimientos son encontrados: la satisfacción que deja un acto de justicia, pero también una profunda tristeza. El daño que nos ha causado un Estado que ha irrespetado tanto y de tan diversas maneras a sus ciudadanos, se hace presente en las conciencias y nos recuerda esa confusa maraña de sentimientos tan vinculada a lo siniestro. Sentimientos viscerales y primarios, difíciles de nombrar y que se convirtieron en segunda naturaleza del guatemalteco. Emma Molina Theissen escogió bien sus palabras para hablar de esa maraña confusa: dolor, vergüenza, asco, pero sobre todo horror. Nos doblegaron por medio del horror.

Los acusados fueron hallados culpables de crímenes contra la humanidad, una expresión acuñada por los juristas. Vivir en Guatemala significa comprender de una manera particularmente clara que el daño que provocan estos crímenes es colectivo. De eso se trata: crímenes perpetrados con sistema y método en contra de toda la población. Su finalidad es el horror. Una población doblegada por el dolor y la humillación para mantenerse sumisa y obediente. Una población que el horror deshumanizó. Cumplieron bien con su misión: somos una población dañada.

Los acusados por crímenes de guerra en Guatemala, siempre recurren a la misma retórica: salvamos al país del comunismo. Esa retórica la repite todavía, ad nauseam, una parte de la sociedad guatemalteca que manotea en busca de justificación. Quizá se trata de la parte más dañada de nuestra sociedad porque permitió que esa perversión dañara su sentido de empatía y de comunidad. Debe ser insoportable vivir con uno mismo, abrigando el sentimiento de que para mantener mi propia certidumbre y seguridad, es justificable la supresión de otros seres humanos, la violación de mujeres, el asesinato de niños, la desaparición forzada.

En contraposición, las víctimas directas del horror, están hallando un camino de reparación para sus vidas y para nuestras vidas. Están saliendo de la victimización, del dominio fantasmático del miedo, para apostarle a la justicia. Iluminan así el camino de la solidaridad. Increíble que ese Estado que originó tanto mal, también pueda aportar la medicina. La voluntad política del Ministerio Público, los fiscales, los jueces, los peritos, las redes de defensores de los derechos humanos nos están ayudando a sanar. Investigar y esclarecer la verdad, confrontar a los victimarios con sus actos, aplicar una condena, se han convertido en un exorcismo desgarrador.

Personas como la familia Molina Theissen, las abuelas de Sepur Zarco, la comunidad ixil, son una reserva moral y ética para nuestra sociedad, tan urgida de líderes claros. Ojalá que podamos construir sobre su fortaleza, la nuestra. Ojalá podamos hallar el camino de la reparación colectiva.

Referencia: https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/05/25/los-fallos-judiciales-que-nos-hacen-llorar/

Edgar Gutiérrez / 

Cuando una sociedad se polariza “saca el cobre”. No en el sentido de exhibir sus verdaderas intenciones sino de asumir poses altisonantes, refugiándose en ghettos desde donde se funden y conspiran los bandos, porque a la vez se sienten víctimas de una conspiración. En la polarización los actores radicales adquieren centralidad y sus opiniones y directivas ensordecen al resto. Este es el más notorio síntoma de la sociedad polarizada: los marginales en épocas de distensión (considerados necios), súbitamente pasan a encabezar los regimientos.

En política la polarización es contienda entre dos bandos antagónicos, con intereses contrapuestos. La polarización erosiona severamente los amplios campos de la moderación, la sensatez, e incluso de la neutralidad como albedrío. Si la polarización es el recurso del statu quo para defender privilegios, lo lógico es que escale la confrontación fanática, hasta ataques típicos del trastorno delirante o psicótico. En su escenario cabe el método de la violencia organizada que, en este contexto, es de naturaleza política (aunque acude a estructuras de la violencia criminal).

La polarización sirve para varios fines. Es un buen distractor y una herramienta de manipulación. Cuando alcanza el clima de combustión en la sociedad, el terreno puede eventualmente ser usado para una estrategia de negociación. Significa que los radicales dejaron de ser útiles tácticamente, y quienes entienden la polarización pragmáticamente como un medio, se modulan. Guardan el cobre.

Estructuralmente Guatemala es una sociedad polarizada, pero no lo es en la coyuntura que se abrió en 2015. La sociedad de los privilegios y de la impunidad fue reaccionando progresivamente, sobre todo a partir de julio de 2016, y “sacó el cobre” del viejo arsenal de la guerra fría, montado sobre agentes clave del fundamentalismo religioso. ¿Hay polarización social cuando solo una parte de la sociedad se radicaliza, agrede, insulta y le carcome el resentimiento? No. No necesariamente.

El fenómeno observado es propio de la física (o la electromagnética, dirían los físicos) y no social o política. Quiero decir que la energía (voluntad, recursos, estrategias) se refracta. Al cabo, al desviarse o modificarse abrirá el paso a otros fenómenos sociales. Deseablemente, cultura de legalidad, carta de ciudadanía de los derechos humanos y oportunidades de crecimiento y desarrollo para millones de personas excluidos del contrato social de la República. Condición sine qua non es el cambio de actitud –voluntario o forzado por las necesidades– de las elites de los privilegios y la impunidad, fuente, ahora mismo, de la polarización.

En otras palabras, si una sociedad trata de reordenarse edificando un pilar de justicia, el statu quo saboteador comete suicidio histórico. El mundo civilizado observa que nuestro Estado fracasado empieza a levantarse sobre sus propias cenizas: no lo dejará solo ni caerá en las trampas de la polarización de un rancio statu quo ni de sus sospechosas alianzas. No minimizo los riesgos de los populismos y fanatismos que ganan poder e influencia por doquier, pero Jimmy Morales et al., están condenados a perder. Es más, el recurso de la CICIG es tan eficiente y versátil que va a inspirar mecanismos internacionales de cooperación durante las próximas décadas, en una treintena de naciones donde aún queda tejido de sociedad y vestigios de instituciones a partir de las cuales pueden ser reconstruidas. CICIG es más barato, menos invasivo y con mayores horizontes de sostenibilidad que, por ejemplo, el despliegue de Cascos Azules.

Referencia: https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/05/24/las-trampas-de-la-polarizacion/

Carolina Escobar Sarti /

Emma Molina Theissen nunca debió haber sido violada y torturada como lo fue. El niño Marco Antonio Molina Theissen nunca debió haber sido secuestrado y desaparecido por miembros del Ejército, en venganza porque su hermana había escapado del cautiverio. Las torturas y muertes nunca debieron darse, como nunca debimos vivir una guerra y un genocidio. Y en la guerra nunca debieron pasar los horrores que sucedieron, porque no es cierto que en la guerra todo se vale y allí debieron regir el Ius in Bellum y el Ius ad Bellum que norman toda guerra. Pero todo sucedió y Guatemala se rompió en pedazos.

Quedamos rotos y heridos, y el puente que unió ese pasado con nuestro presente se llamó impunidad. Hasta ayer. En la madrugada del miércoles 23 de mayo de 2018, luego de 37 años de que los hechos sucedieran y después de más de 12 horas de espera, el Tribunal C de Mayor Riesgo, presidido por el juez Pablo Xitumul, dictó sentencia por el caso Molina Theissen. Unánimemente, le dio 58 años de prisión a los generales Benedicto Lucas García, Francisco Luis Gordillo, Manuel Antonio Callejas y al especialista Hugo Zaldaña por los delitos de violación, desaparición forzada y delitos de deberes contra la humanidad. Fue un día Kawoq, según el calendario maya, y al amanecer se resolvió lo que estaba pendiente.

La sentencia emitida no solo buscó restaurar de cierta manera el pasado, tanto para la familia Molina Theissen como para tantas otras que vivieron y siguen viviendo violencias inenarrables en Guatemala. Tiene también la posibilidad de alcanzar una verdad en el presente, porque la justicia es lo único que puede pegar nuestros pedazos rotos, atravesar el puente de la impunidad y cerrar las heridas. Además, está la dimensión de lo que aporta a futuro, porque prueba que hubo un canal de inteligencia militar, cuyos oficiales fueron responsables de diseñar y cometer crímenes de lesa humanidad. Gracias al Tribunal, así con mayúscula. Queda pendiente conocer el paradero de Marco Antonio. Y no está de más recordar que en 1981, el año en que él fue secuestrado y desaparecido, hubo más de mil personas detenidas ilegalmente y desaparecidas. ¿Cuántos niños y niñas? En ese mismo año, según Gastos Militares en Guatemala: Su Impacto Fiscal y Macroeconómico: 1969-1995, de Thomas Scheetz, todos alimentamos un presupuesto de Defensa que superó a todos los gastos sociales y nos hizo más pobres, en todo sentido. Entre 1980 y 1985 “Defensa”, que no incluye Gobernación, pasó de conformar un 9.3% de gasto del Estado guatemalteco a 21%. Eso me hace pensar en el año 2018, ahora que la sentencia condenatoria se emite: Defensa acaba de comprar cuatro aviones para “misiones interinstitucionales”, por US$60 millones. Habría que cruzar este dato con las cifras del gasto social de este gobierno.

En todo momento pudo observarse que la sala donde se realizó el juicio estuvo llena de personas, principalmente acompañando a la familia Molina Theissen. Nunca dudé que era justicia lo que buscábamos y pedíamos, pero deseé que nunca hubiéramos tenido que llegar hasta allí. Tampoco dudé que toda reconciliación pasa por la verdad y la justicia, pero el agotamiento toca todas las vidas y destroza a una sociedad entera. Le apuesto a un amanecer, a un camino, a una Guatemala distinta, pero la actual duele aún mucho.

Y allí está el Pacto de Corruptos cerrando filas para sostener privilegios y defender intereses, y allí está nuestra peor crisis diplomática y política desde los 80, y allí están los migrantes guatemaltecos sin esperanza y las niñas del Hogar Virgen de la Asunción que nunca volverán. Pero la familia Molina Theissen ha cruzado el puente, y este ha quedado abierto. Gracias por la dignidad con que llevaron todo el proceso hasta el momento de la sentencia. Gracias por el olor a justicia que dejaron a su paso, a pesar de los 37 años de espera. Dicen quienes saben, que nuestra memoria es esencialmente olfativa. Así que, desde mi memoria más profunda y gracias al caso Molina Theissen, vuelvo a sentir que la justicia tiene el olor que produce la lluvia al caer sobre suelos secos, el olor a petricor. Y siento que cada vez que se hace justicia, caminamos un poco más a ser un país.

http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/no-solo-se-gana-un-caso-se-gana-pais