¿Indignación como ira, o como vergüenza? 

Anabella Giracca /

Para acercarse a la posibilidad de un crecimiento integral y sostenible, una sociedad debe al menos comprometerse con su niñez. Pasa por un deber planetario que hoy ve en ella un valor merecedor de la más alta dedicación. Esto representa un ejercicio social capaz de desmontar la estigmatización y los prejuicios. En pocas palabras, rescatar nuestra humanidad. Acá no se trata de masificarnos todos bajo un mismo molde, sino de democratizarnos. Y para ello no hay forma más franca que amarrar nuestro abrazo y empezar a pensar en los niños. Pero al parecer, estamos en la era del hielo cuando de nuevo nos enfrentamos a cifras desgarradoras que no pueden, no deben bajo ninguna circunstancia, pasar desapercibidas. ¿Cómo puede ser posible que aquí los niños pierdan su infancia?

Un informe reciente de Save the Children generó este titular: ¿El peor país para ser niño?(Prensa Libre, 2/6/2018). Son tres los índices o aspectos sociales en los que se enfocó el estudio. Y Guatemala genera cifras alarmantes en materia de explotación laboral infantil, exclusión educativa y matrimonios infantiles. Por ejemplo, tan solo en el primer trimestre de este año se reportaron 325 embarazos de niñas menores de 14 años. En cuanto a escolaridad se refiere, al menos uno de cada cuatro niños no asiste a la escuela. Pero según un experto entrevistado en este tema, Leonel Dubón, 4.2 millones de niños están fuera del sistema educativo. Si además de esos tres factores tomamos otros indicadores, se entiende por qué aquel lastimero titular ofrece básicamente una respuesta con su propia pregunta. La impunidad en temas de niñez está por arriba del 94 por ciento. Casi la mitad de todos los niños guatemaltecos menores de cinco años sufre desnutrición crónica; 30 por ciento es la tasa de mortalidad infantil; ¡126 niños han muerto por estrangulación, decapitación, balas o arma blanca hasta marzo de 2018! ¿Cómo puede calificarse una sociedad en donde se decapitan o se estrangulan a sus niños? Un Estado democrático está obligado a proteger a su niñez, a garantizar medidas de largo alcance de prevención, educación, salud. Servicios básicos capaces de garantizar la equidad, porque jamás olvidemos que un Estado que discrimina a través de su atención desigual, está condenado al fracaso. Hoy, los niños pagan con su vida la crueldad sistemática de un Estado que abandona. Un Estado racista que permite que sean los niños indígenas quienes viven peor. Y esa tragedia sostenida, nos tiene que indignar. ¡Mucho!

Referencia: https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/06/06/ninez-al-margen/

Félix Alvarado /

Hace un par de semanas, ¡al fin!, el Movimiento Semilla obtuvo una cuenta de banco para recibir donaciones.

Por casi dos años, ni un solo banco quiso abrirle a Semilla una cuenta por considerar a dicha organización una «persona expuesta políticamente». A pesar de ser la banca un servicio público, así esté en manos privadas. A pesar de no figurar los comités proformación de partido en la lista de tales personas y de que la responsabilidad de los bancos es «identificar y conocer a sus clientes», no ignorarlos. Y no solo a Semilla.

Revisemos. En una economía moderna, cualquier transacción incluye tres hechos. Primero, la transacción real: Juan le vende a Pedro una gallina, que cambia de manos. Luego, el movimiento del dinero que Pedro le da a Juan por esa gallina. No es trueque, en el cual Pedro entregaría otro objeto real (una camisa, por ejemplo), sino simbólico. Pedro le entrega a Juan unos papelitos con números. Gallina por números.

Finalmente está el registro de la transacción. En la modernidad, el registro es simbólico: la contabilidad de Juan anota «una gallina menos» y «Q75 más». Y con Pedro, al revés. Es fácil confundir esto con el segundo hecho, pero, mientras el dinero cambia de manos, el tercer momento solo lo registra.

En última instancia, es el primer hecho el que cuenta. Lo importante es la gallina. Los billetes y la contabilidad no ponen huevos. En segundo lugar, importa el dinero, que sirve para iniciar otras transacciones reales. Con el dinero de la gallina Juan compra una camisa de verdad. Aun el banquero, que vive de comprar y vender dinero, cambia lo ganado por cuadros de Van Gogh. Solo el idiota —otro nombre para el avaro— se conforma con aumentar su dinero y quiere morir con el máximo posible de este.

No entender esto es perder de vista lo importante que, repito, es la gallina. Pagar por ella es necesario. Y registrarlo ayuda a llevar cuentas, nada más. Sin embargo, como aprendió duramente Semilla, los bancos han perdido de vista esta obviedad. Y no estorban solo a Semilla. Estorban a cualquiera que hace negocios, desde el dueño de la carreta de shucos hasta el inversionista global. No es que los bancos no quieran traficar con riesgos políticos. Es que no quieren traficar.

Lo importante es la gallina. Los billetes y la contabilidad no ponen huevos.

Todo se resume en una palabra: no. ¿Puedo abrir una cuenta? En principio, no. No hasta que traiga un fajo de documentos. ¿Quiere abrir otra cuenta? No. No hasta que traiga de nuevo todos los mismos documentos (parece que los bancos no confían en sus propios registros). ¿Quiere abrir una cuenta en dólares? No. No se puede si antes no ha abierto una cuenta en quetzales. Y no. No la puede abrir a menos que pase seis meses con la cuenta en quetzales. Y si no mueve la plata, le desactivamos la cuenta.

Tanto ahínco en la denegación de servicio es explicado con que eso combate la corrupción y el narco. Esto es absurdo. Para cuando alguien busca depositar dinero (que responde al segundo de los tres hechos mencionados arriba) ya realizó la transacción real —legal o ilegal— que generó ese dinero. Lo único que se consigue con estorbar la apertura de cuentas es que el dinero ilegal e incluso el dinero legal circulen de manera informal. Y va la DEA a perseguir fardos de billetes pudiendo controlar flujos digitales.

Combatir el lavado de dinero y la corrupción no requiere estorbar la bancarización. Requiere identificar e investigar las transacciones ilegales y dolosas. Esto se facilita captando a todo mundo en la banca. Es investigar a los usuarios, sí, pero como hecho real, no cumpliendo requisitos que solo certifican que alguien tuvo acceso a una fotocopiadora. Primero hay que meter el dinero en la economía formal, hay que bancarizar a todo mundo: políticos, comerciantes, ciudadanos.

Al dificultar la apertura de cuentas, los bancos meten la cabeza en la arena, se eximen de prestar el servicio público del que son responsables y contribuyen a que el dinero, tanto limpio como sucio, circule informalmente. Sin pagar impuestos, sin potenciar la inversión. La Fundesa y su índice Doing Business, el Movimiento Semilla, el vendedor de shucos, el fisco y los anticorruptólogos de la Embajada tienen en esto causa común. Y para la Superintendencia de Bancos, entiendan: no basta emitir normas contra el lavado de dinero. Hay que democratizar la banca. Asegurar que los ciudadanos abran cuentas de banco y pongan su dinero en ellas. Luego podrán perseguirlos, si se lo merecen.

Referencia: https://www.plazapublica.com.gt/content/banca-esteril

Daysi Caal /

Soy docente, esta experiencia me lleva a entender varias situaciones complejas en el ámbito educativo. No considero que esté mal pelear por un salario que corresponda a la ardua labor que algunos docentes hacen, sobre todo  los que se esfuerzan en llegar hasta las comunidades más lejanas.  Aunque hay algunos que nunca ponen un pie en la escuela y “no hacen anda”, esto no es indicio a que todos seamos malos. Sucede que algunos critican la educación desde lo subjetivo, desde las percepciones personales.

Nos falta entender a la Educación como una ciencia.
El hecho de criticar a las masas andantes detrás de un fantoche que organiza marchas, no nos hará mejorar la situación. Considero que hay tres aspectos que no están funcionando:

Primero, educar retomando el “edúcales o padécelos”. Cuando estudiaba la carrera de Magisterio, ya se estaba implementando el uso de competencias, que en su momento no entendí, sino hasta la aplicación en la práctica y la llegada a la universidad donde tuve algún buen docente que me educo a manera que pudiera ser consistente en mis ideas y en querer hacer las cosas bien. Pero hoy en día veo a algunos compañeros docentes perdidos en el uso del CNB (Currículo Nacional base)  por dos situaciones: o porque no les fue claro el aprendizaje y están sufriendo de ignorancia por no ser autodidactas y así mejorar. O aún peor,  porque se les fue enseñado como correspondía pero no lo aplicaron. En ese caso, la culpa es de los maestros.

Montaigne dice que “el niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es preciso entender”. Ese fuego que sea luz para otros, y que no se quede en el mal de la ignorancia. Lastimosamente, tenemos muchas deficiencias en la educación, pues se debe educar desde la individualidad de cada estudiante para capacitarlo en la construcción de su propia existencia. Quizá ello sea el mayor desafío que como seres humanos nos toca enfrentar ya que si esto no se logra, no se logra orientar la educación hacia el desarrollo de la persona.

Segundo: el sistema.  La educación en nuestro país, tiene rasgos desastrosos desde el sistema político y legal. Aunque tengamos políticas geniales, no somos capaces de exigirlas. Por ejemplo, en la Ley de Educación, se habla de formar seres integrales y capaces de hacer ciencia, tecnología y otras áreas. Sin embargo, hay un gran vacío porque no se cuenta con docentes especialistas  que puedan trabajar en áreas como Expresión Artística, Filosofía o Matemáticas, la cuales están siendo atendidas por profesores en enseñanza media sin verificar su perfil de egreso. Otro ejemplo, es que dentro de las políticas educativas de este gobierno, se habla de cobertura pero en la realidad, hay docentes que atienden grupos de 30 hasta 50 estudiantes por grado. 

Agregándole a esto, tenemos un grupo empresarial que exige 180 días de clases detrás de un escritorio, cuando no conoce las condiciones de las comunidades y las precariedades que se tiene. No es que esté en contra, pero hace falta mucho más que fiscalizar, teniendo la oportunidad de implementar otras estrategias para coadyuvar a mejorar y dar calidad educativa.

El tercer aspecto es el técnico. Suelo ser romántica al decir que la educación puede ser motor de cambio para un país. Pero en esta parte, no se debe hablar románticamente sino desde la realidad. Venimos fallando desde las estrategias planteadas para mejorar la calidad, hasta el hecho de decir que se debe “dignificar al magisterio”. Veámoslo en los resultados que estamos obteniendo en las pruebas diagnósticas, los resultados son preocupantes. Hemos caído en el subjetivismo cognitivo y moral con el pretexto que la educación es para la realización y la felicidad de cada individuo (en dado caso para conseguir un empleo).

El problema en resaltar la individualidad aplastante es que se rompe con el sentido humanístico que como técnica debemos mantener nosotros los docentes. Somos solo algunos docentes autónomos los que lo hemos aprendido y deseamos hacer “algo para mejorar o corregir ciertos vicios” aunque nos vean como los malos del cuento.

Sé decir que no me gustan los comentarios que leo en las redes diciendo que los maestros somos huevones y no sé qué otra cosa más. Pero la realidad, es que no nos enseñaron a ser buenos profesores y profesoras. Algunos pasamos de panzazo y no lo digo por la notas, sino porque no nos enseñaron a pensar, a ser un tejido fuerte capaz de comprender diferentes personalidades y desarrollar la inteligencia emocional.

La sociedad dice mucho de los maestros, pero también le corresponde como padres de familia, miembros de comunidades y organizaciones, no solamente fiscalizar el tiempo sino también los contenidos y las aplicaciones de los fines y principios de la educación. Siendo congruentes, necesitamos promover una actitud colectiva, donde todos en conjunto exijamos y hagamos una transformación educativa desde las estructuras organizacionales hasta el sistema.

“Hay mucho por hacer, debemos capacitarnos, ser autodidactas y creer que podemos aun dignificar al gremio magisterial, no solo por un pacto colectivo; sino por la calidad educativa. Pero nos corresponde a todos”.

Referencia: http://brujula.com.gt/de-la-crisis-a-los-maestros-que-necesitamos/

Juana Margarita Guerrero Garnica /

El 15 de abril de 2018 se llevó a cabo el referéndum en Guatemala para decidir si los Estados de Guatemala y Belice se sujetarán voluntariamente a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver el diferendo territorial del «zona de adyacencia», que abarca 11.030 kilómetros cuadrados más salida al mar y área insular de los 22,966 kilómetros cuadrados del territorio beliceño.

Dicha consulta se ha realizado en medio de un ambiente de incertidumbre, desconocimiento y desinformación. La mayor parte de la población no sabía que habría un plebiscito y tampoco había claridad sobre su objeto.

Por otro lado, Guatemala se ha caracterizado por ser un país con baja participación electoral. Con datos preliminares del TSE (92,62% de votos válidos al 16 de abril), de los siete millones y medio de guatemaltecos empadronados (de una proyección de 17 millones de habitantes), el 73,67% se abstuvo de votar. Del 26,33% que votó, 95,87% optó por el Sí y 4,13% dijo No.

Fuente: Prensalibre

Antecedentes
Aunque Belice fue reconocido como Estado en 1981 por la ONU y por Guatemala diez años después, el conflicto se remonta al Tratado de París (1783) mediante el cual España cedió a Gran Bretaña parte del territorio de lo que hoy es Guatemala. De ahí la discrepancia entre los expertos respecto a si Guatemala reclama solamente la zona de adyacencia o el territorio beliceño en su totalidad.

Desde el siglo XIX han existido múltiples intentos por resolver el conflicto: que Guatemala cediera el espacio a cambio de una compensación que incluía que Gran Bretaña construyera una vía de comunicación desde la capital guatemalteca hasta la frontera beliceña; se intentó asimismo acordar ceder el espacio a cambio de una compensación económica; otra vía propuesta fue someterse a un arbitraje internacional. En ninguno de los casos se llegó a un acuerdo.

En 2002, aceptando las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) surge una comisión tripartita conformada por Belice, Guatemala y Honduras para establecer las fronteras marítimas, pero tampoco logró acordarse nada. En 2008, finalmente, se firmó el «Acuerdo especial para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala» del que deriva el plebiscito del 15 de abril.

Este ya intentó realizarse en 2013, pero fue suspendido mediante una inconstitucionalidad planteada ante la Corte de Constitucionalidad en virtud de las inequidades existentes en el Protocolo del Acuerdo en cuanto a las condiciones para que la consulta fuera válida en ambos países. Dichas diferencias se resolvieron, acordando que en ambos países el referéndum sea válido con el voto por mayoría simple.

En caso de que en ambos países la mayoría vote por el Sí, será la CIJ quien decida qué pasa con el territorio disputado; la sentencia será inapelable. Si en ambos países o en uno de ellos gana el No, entre las opciones está repetir el referéndum o buscar otras vías de resolución del conflicto.

Los que llaman a votar y los que llaman a no votar
En medio de la confusión se ha llamando a votar y a no votar. Quienes llamaban a votar por el Sí lo hicieron señalando, entre otras razones, que es tiempo ya de resolver el conflicto, sobre todo por la necesidad de definir fronteras claras que brinden certeza jurídica a los ciudadanos de ambos países. También porque el conflicto se ha utilizado repetidamente como cortina de humo para desviar la atención de problemas coyunturales y para erogar fondos del Estado innecesariamente. Quienes llamaban a votar por el No lo hicieron aduciendo la desinformación que había sobre el referéndum.

Asimismo, hay grupos conformados por mayorías excluidas que han llamado a no votar, entre ellos la Coordinadora para el Desarrollo Campesino (Codeca) y el Colectivo Región Norte. Este último, conformado por mayas qeqchíes que señalan que nunca se ha tomado en cuenta la opinión de los pueblos q’eqchi’, mopán y garífuna que ancestralmente habitan la Región Norte (que incluye la zona de adyacencia) para la resolución del conflicto.

Cortina de humo y postura de Belice
Estratégicamente, el referéndum se ha realizado en Guatemala en medio de la elección del fiscal general de la República y jefe del ministerio Público, que por las circunstancias actuales podría significar un retroceso en la lucha contra la corrupción. En Belice, donde hay igualmente llamados a votar (por el Sí y por el No) y a no votar, ni siquiera han establecido una fecha para llevar a cabo el plebiscito.

Pese a las consultas populares, el conflicto está lejos de resolverse, aun sometiéndose a la jurisdicción de la CIJ, pues se trata de un proceso judicial complejo, largo y oneroso. Mientras tanto, la consulta ha costado a Guatemala 30 millones de euros que podrían haberse utilizado para solventar problemas estructurales en las áreas de salud, educación, seguridad y justicia, y que podrían haberse ahorrado llevándola a cabo en 2019, el mismo día de las elecciones generales.

Referencia: https://www.politicaexterior.com/latinoamerica-analisis/zona-adyacencia-caso-belice-guatemala/

Acción Ciudadana y ALAC presentaron ante la CSJ un amparo en contra del Ministro de Gobernación por restringir el acceso a información pública. Indican que Degenhart ha denegado la publicación del contenido de la agenda de su reciente visita a Washington.

Referencia: https://www.facebook.com/lahoraguatemala/videos/1882959735088806/

Karin Slowing /

Según las proyecciones que derivan del caduco censo 2002, actualmente somos como 16 millones de personas en Guatemala. Más de la mitad es población joven: Aproximadamente 5.6 millones de niños y niñas entre 0 y 14 años; y otros 3.5 millones de jóvenes entre 15-24 años.

Desde el punto de vista demográfico, una estructura de población como la nuestra es una ventaja para impulsar el desarrollo de un país, 3.5 millones de jóvenes que formarían lo que se denomina el “bono demográfico”: esa gente que debería estar llamada a impulsar la economía, a regenerar la sociedad y que ahora, también queremos que se involucre para transformar la política.

Un sueño lindo, pero con poco asidero real, partiendo del hecho que la mitad de la niñez tiene desnutrición crónica; que 700 mil niños trabajan desde muy tierna edad, y la mayoría (60%) ni siquiera recibe remuneración, pero igual ayudan a que sobreviva la familia. Somos una sociedad donde de cada 10 niños en edad escolar solo cinco están matriculados en preprimaria; 7.5 de cada 10 se matriculan en primaria y, si logran mantenerse dentro del sistema, deben hacer la hazaña de aprender habilidades de lecto-escritura y aritmética básica con el estómago medio vacío.

En este contexto de precariedad, algunos logran completar la primaria y transitan al ciclo básico. Nuestra Constitución dice que 9 años de escolaridad debería ser el mínimo para todos. Sin embargo, solo 4 de cada 10 jóvenes se matriculan en básicos y 2 de 10 en el diversificado. Casi un millón de jóvenes entre 13-18 años están totalmente fuera del sistema educativo. De ellos, ya sabemos que su futuro está marcado por la reproducción de otro ciclo generacional de exclusión.

 
¿Qué pasa con los “afortunados”? ¿Los que pudieron completar su educación media? ¿Tienen acaso una vida diferente? Claudia Gómez, la joven migrante asesinada en la frontera norteamericana por un guardia de ICE, nos diría que no. Para algunos de ellos al menos, las oportunidades no son muy diferentes de quienes no tuvieron educación.

¿Qué haces si a pesar de educarte, cada vez hay menos garantías de que habrá acceso a oportunidades laborales? Claudia era graduada de educación media, una contadora. Para nuestro estándar educativo, era una joven ya preparada para trabajar, pero no tuvo la oportunidad. “No hay empleo —dicen— solo para los recomendados”. Así de precaria es nuestra economía. Las oportunidades se mueven por estratos, por circuitos de redes y relaciones.

¿Qué hace una joven si el acervo educativo que le dio el sistema no le alcanzó ni para pasar los exámenes de la USAC?; si su familia no tiene los medios para pagarle una universidad privada. Menos del 10% del total de jóvenes que se gradúan de educación media acceden a la educación superior. Cansados estamos de escuchar año tras año, que solo unos 120 mil graduados tienen oportunidad de entrar al mercado laboral. ¿Qué futuro les queda entonces a jóvenes como Claudia? Sumergirse en la economía informal, migrar, ingresar como lugartenientes de la economía ilícita, embarazarse y reproducir el ciclo, o, como le pasó a ella, convertirse en carne de cañón a sus escasos 20 años.

No tengo duda que la política migratoria norteamericana está deshumanizada. Pero me duele más ver que quienes mueven los hilos de la economía nacional y tienen el poder de cambiar estas situaciones, no hacen nada al respecto. Acá se prefiere que la juventud corra el riego y llegue al matadero, antes que ceder un ápice en los privilegios. Hoy pienso en Claudia y su fatal destino, y evoco a esos otros miles de jóvenes que lo seguirán intentando hoy, mañana y cada día, hasta que nuestro país cambie y les dé una oportunidad.

 
karin.slowing@gmail.com

Es un tema de conciencia.

Anabella Giracca /

Recordar la muerte inclemente y feroz que ha sufrido la población guatemalteca es acertado. Es necesario, aunque a algunos les moleste. Recordar y recordar. Aprender del pasado. Jamás repetir. Pero acá hemos gastado mucho odio y energía en ocultar y hasta minimizar la historia perversa que nos demarca. Hemos sido víctimas del silencio. “Ah muerte tan silenciosa, déjame vivir un día”. Muerte que asecha y que se esconde detrás de tanto espejo roto.

Berlín, por ejemplo, recuerda su historia en cada esquina. Museos, monumentos afloran de las calles, contando a gritos las millones de vidas sacrificadas por el odio, el racismo, la guerra. Los niños aprenden de su pasado sin miramientos; les enseñan a desarrollar pensamiento crítico; a “historizar” los hechos para sobrevivir en un mundo que, de muchas maneras, aún insiste en el racismo y la muerte. Si no me cree, basta con revisar noticias. Deleznable lo que ocurre en las fronteras del Norte a causa del racismo y la xenofobia. La migrante indígena guatemalteca, Claudia Patricia Gómez, fue asesinada en Laredo, Texas, por una patrulla fronteriza. ¿Hay que olvidar? ¡Jamás!

Aunque parezca verdad de Perogrullo, el sistema educativo no se reduce a sus asuntos administrativos o de enseñanza. También está hecho para recordar, para formar identidad y pensamiento colectivo.

El caso Molina Theissen se volvió ejemplar. Paradigmático. Por las décadas de lucha de esas mujeres valientes que alcanzaron no solo hacer justicia, sino abrir de nuevo los ojos de una población dormida.

El tribunal ordenó recordar. Prohibió olvidar. Como parte de las medidas de reparación hacia la familia, distintas instituciones deberán crear documentales, edificar monumentos e implementar acciones para recordar los crímenes cometidos en contra de los hermanos Theissen que, a su vez, son reflejo de miles y miles más…, de pueblos enteros. También se ordenó que el Mineduc produzca textos educativos que recuerden la desaparición forzada durante el conflicto armado interno. ¡Bravo!

Apostar por la transformación del conocimiento es la clave. Comprometernos con una historia común y estar convencidos de la posibilidad de cambio. Recordar para no repetir. Esclarecer. Velar por la lealtad al sistema democrático y al imperio de la ley. Convivencia y proyecto compartido: reconocer la verdad que, con sus múltiples hilos, nos une. Es un tema de conciencia, de valores éticos y públicos que nos permitirían vivir y crecer en sociedad. En paz.

Ni una Claudia Patricia, ni una Emma Guadalupe, ni un Marco Antonio más. ¡No más!

Referencia: https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/05/30/ah-muerte-tan-silenciosa/

Marielos Monzón /

El mes de mayo se ha convertido en emblemático para nuestro país. El 10 de mayo de 2013 el Tribunal de Mayor Riesgo A emitió la sentencia en el juicio por genocidio contra el pueblo maya-ixil. En la madrugada de este jueves 24 de mayo, el Tribunal de Mayor Riesgo C resolvió condenar a cuatro exmilitares de alto rango por violación agravada, desaparición forzada y delitos contra los deberes contra la humanidad.

Ambas sentencias sientan un precedente fundamental para Guatemala y le devuelven a las miles de víctimas del terrorismo de Estado y a sus familias un derecho fundamental: el de la justicia. Una justicia que se escribe con M de memoria porque el olvido nunca puede ser la manera de construir futuro. Y aunque las sentencias se dictaron por hechos concretos y por delitos cometidos contra personas concretas, su alcance es colectivo.

La violencia sexual, la tortura, los vejámenes en las cárceles clandestinas y la desaparición forzada fueron prácticas recurrentes de la estrategia contrainsurgente y una decisión planificada y deliberada de los altos mandos militares contra población civil no combatiente y eso quedó probado. Ya no es solamente la verdad de la familia Molina Theissen, es una verdad jurídica establecida por un tribunal nacional.

Los militares fueron juzgados por jueces independientes, tuvieron derecho a defenderse y se les respetó su integridad. Todo muy distinto a lo que hicieron ellos con quienes consideraban “delincuentes” y a quienes negaron toda posibilidad y oportunidad de defensa, ni qué hablar de la presunción de inocencia o del debido proceso.

Esta justicia también se escribe con M de madre y de mujer. Las Molina Theissen son un ejemplo de dignidad, valentía y fortaleza. A pesar del miedo que paraliza, de la calumnia que denigra, del silencio que es el mejor cómplice del olvido y del tiempo que procura impunidad; Doña Emma, Lucrecia, Eugenia y Emma Guadalupe no se dejaron vencer y por más de 30 años lucharon para contar su verdad, para no perder la memoria y para alcanzar la justicia. Buscaron y continuarán buscando a Marco Antonio, ese muchacho de 14 años que el odio del fascismo les arrebató.

Al odio lo enfrentaron con amor, a la impunidad con perseverancia, a la ignominia con dignidad, a la mentira con verdad y al terror con valentía y compromiso. “Les devuelvo la vergüenza y el terror; no puedo deshacerme del dolor y jamás podré deshacerme del asco, pero les dejo con su odio”, les dijo Emma Guadalupe a sus victimarios en una lección de enorme humanidad.

Su lucha es la de las miles de familias que siguen sin tregua indagando por sus seres queridos; acompañando a los equipos de médicos forenses que recuperan restos de las fosas clandestinas; sometiéndose a pruebas de ADN; examinando los archivos históricos para encontrar alguna respuesta a su permanente búsqueda y para cerrar el círculo del dolor continuo que supone la incertidumbre de no saber qué pasó, qué les hicieron y dónde están sus familiares; organizándose colectivamente y luchando por la aprobación de una ley para que se instale una comisión nacional de búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada.

También por eso es histórica esta sentencia, porque les devuelve a las y los desaparecidos la condición de personas que les quisieron arrebatar. Por eso esta sentencia también se escribe con M de Marco Antonio, a quien el Tribunal nombró fuerte y claro y quien a través de los ojos y los corazones de su mamá y sus hermanas sonrió, porque la justicia no es venganza, es justicia, y aunque tardía, llegó por fin para él y su familia.

Referencia: http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/justicia-se-escribe-con-m

Editorial,  el Periódico /

La señora Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom (2008-12), expresidenciable y actual Secretaria General del partido UNE, en su cuenta de Twitter, expresó “Urge legislar para prohibir a fiscales y funcionarios de justicia participen en política partidista hasta después de 4 años de entregar el cargo. Para evitar politización de la justicia”, en una clara alusión a la posibilidad de que la ex-Fiscal General, Thelma Aldana, sea postulada como candidata presidencial en las próximas elecciones generales.

La Constitución establece que no podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República: 1) El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno; 2) La persona que ejerza la Presidencia o Vicepresidencia cuando se haga la elección para dicho cargo, o que la hubiere ejercido durante cualquier tiempo dentro del período presidencial en que se celebren las elecciones; 3) Los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del  Presidente o Vicepresidente cuando  este  último  se  encuentre ejerciendo la Presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso 1; 4) El que hubiese sido ministro de Estado, durante cualquier tiempo en los 6 meses anteriores a la elección; 5) Los miembros del Ejército, salvo que estén de baja o en situación de retiro por lo menos 5 años antes de la fecha de convocatoria; 6) Los ministros de cualquier religión o culto; y 7) Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Asimismo, la Constitución dispone que “la persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de Presidente de la República por elección popular, o quien la haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular, no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso”.

Por tanto, la prohibición que sugiere Torres tendría que adicionarse forzosamente a las prohibiciones que establece la Constitución. En todo caso, la prohibición sugerida no podría incorporarse en una ley ordinaria sin modificar la Constitución de acuerdo con el procedimiento de reforma que establece la misma Carta Magna, porque sería incompatible con esta y susceptible de ser expulsada del ordenamiento jurídico.

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que resulta irónico que Torres proponga que se incorpore a la legislación una prohibición que impida a determinados exfuncionarios públicos optar a cargos de elección popular, cuando ella misma, a través del divorcio de su entonces marido, el expresidente Colom, pretendió, en el año 2011, que los tribunales no le aplicaran la norma constitucional que prohíbe al cónyuge del gobernante optar al cargo de Presidente.

En todo caso, hemos sostenido en este espacio editorial que Torres podría estar inhabilitada para optar al cargo de Presidente o Vicepresidente, ya que, de facto, ejerció funciones inherentes al cargo de jefe de gobierno durante la presidencia de Colom, actuaciones que son del conocimiento público.

Referencia: https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/05/29/en-torno-a-la-prohibicion-que-propone-sandra-torres/