La legislación electoral y la mercantilización de la política
José Pablo Menchú /
En el enfoque del nuevo institucionalismo los comportamientos políticos son determinados por las instituciones, tal es el caso del sistema electoral guatemalteco que define en buena medida la composición, comportamiento y calidad de los partidos políticos. Se hace entonces necesario interpretar la legislación desde una mirada política para comprender plenamente sus consecuencias en la calidad de los partidos políticos.
Si bien la legislación electoral impone las reglas del juego y determina el comportamiento de los partidos políticos, no es el único factor que influye en el accionar partidario. Al respecto Nohlen (1999) resalta que el carácter de los partidos políticos son determinados por el sistema electoral pero también a través de los factores socioestructurales del país.
Sartori (1985) nos habla de las condiciones necesarias y suficientes para producir un fenómeno político. Las condiciones necesaria son los factores que combinados con otros puedes ser causa de un fenómeno político y las condiciones suficientes son aquellos factores que con su sola presencia pueden desencadenar un fenómeno político. En ese sentido la legislación electoral es una condición necesaria que combinada con factores socioculturales tienden a crear unos partidos políticos con institucionalidad débil, con altos índices de corrupción y poco representativos.
Para este breve ensayo se analizará la legislación electoral guatemalteca como condición necesaria que produce una composición partidaria con poca legitimidad para la ciudadanía. En la ciencia política normativa un partido debe ser una institución de representación que canalice demandas de la población a partir de programas políticos e ideologías, son la base de un sistema democrático liberal. Pero en la práctica existe una distorsión entre el deber ser y lo que en verdad es.
El problema es que cuando esta distorsión es muy grande puede generar un problema de legitimidad en el sistema político en su totalidad, puesto que en la democracia liberal los partidos son prácticamente requisitos sine qua non (condición necesaria) para la construcción del sistema democrático.
La reglas de juego de los partidos terminan siendo perversas. Empezando por los requisitos para formar un partido ya que la legislación electoral establece como mínimo tener organización en 50 municipios de los cuales solo se requiere 40 personas afiliadas en cada uno de ellos así mismo requiere por lo menos 23,000 (0.3% de afiliados del padrón electoral) afiliados totales, en ese sentido solo 10% de los afiliados pueden participar democráticamente en las estructuras partidarias. Esto crea una distorsión que obliga a los partidos a convertirse en una máquina para captar afiliados que muchas veces caen en métodos poco legítimos para conseguirlos.
Sumado al tema de organización interna otro tema medular es el financiamiento ya que la legislación electoral establece que el financiamiento público es lo equivalente dos dólares por cada voto obtenido por el partido ya sea en la elección a diputados de listado nacional o a la elección presidencial (dependiendo de cual se mayor) repartido en los siguientes cuatro años. Como resultado el financiamiento público es insuficiente para las funciones operativas de un partido que como mínimo tiene que tener 23,000 afiliados, lo cual acorrala a los partidos a buscar el financiamiento privado o comprometer candidaturas con tal de mantener la estructura. Este fenómeno que se agrava en periodo electoral.
Otro componente negativo es la extrema centralización partidaria combinada con sus pocos incentivos democráticos. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tiene la capacidad de proponer candidaturas en los lugares donde no existe organización partidaria legal, eso significa en casi todo el país. Estas candidatura en la mayoría de los casos no son en función de ideales políticos o postulados democráticos sino en términos puramente electorales.
Como consecuencia de todo lo anterior la legislación electoral combinado con aspectos socioculturales como la falta cultura democrática contribuyen a la configuración de una categorización de partido político particular alejado de las clasificaciones clásicas de partido de cuadros o de masas. ASIES (2013) plantea el surgimiento de “partidos franquicia” que se caracterizan por su enfoque meramente electoral y por la centralización en la toma de decisiones por parte del CEN.
En ese sentido el partido actúa como una marca cuyo dueño sería el CEN y esté lo presta a las candidaturas tal como funciona una franquicia. El consumidor de esta franquicia termina siendo el votante y el partido se convierte en una empresa puramente electoral. Esto tiene consecuencias graves en el sistema democrático guatemalteco que es la mercantilización de la política y por lo tanto un sistema político rentable para la corrupción. Ya que cuando los partidos se convierten en empresas, los,“empresarios políticos” quieren obtener beneficios económicos de la democracia , sino dejaría de tener sentido el modelo de partido franquicia.
Las consecuencias de este modelo de partido franquicia son sensibles para el sistema político guatemalteco ya que promueve la corrupción y desvirtúa el ideal de partido político como institución encargada de promover la participación política, la construcción de programas políticos y la identificación con posturas ideológicas. Este modelo debilita la institucionalización de los partidos políticos convirtiéndolos en empresas efímeras que cuando dejan de ser rentables simple y sencillamente desaparecen o se crean otras. Todo esto pone en tela de juicio la legitimidad de nuestra democracia que se dirige hacia un proceso de mercantilización.
En conclusión la legislación electoral es una condición que influye en la composición de un modelo de partidos políticos totalmente desvirtuado y que es desfavorable para la construcción de una democracia. Lo que conlleva la necesidad de cambiar la reglas del juego del sistema electoral. Eso no se va lograr sino se busca reformar la legislación electoral en función a la democratización interna de los partidos, replantear los requisitos para formar y organizar un partido y aumentar el financiamiento público como mecanismo de independencia financiera de los partidos . Y no se puede olvidar que estas acciones tienen que ir de la mano políticas encaminadas a mejorar la cultura democrática de la ciudadanía con el objetivo de crear las condiciones socioestructurales de una democracia verdadera.
Bibliografía
Asies. (2013). Qué entendemos por partidos franquicia. En revista Momento año 28, No 3- 2013. Recuperado de https://s3.amazonaws.com/asies-books/books/Momento-2013-3-Que-entendemos-por-partidos-franquicia.pdf
Sartori, G. (1985). La influencia de los sistemas electorales. Recuperado de https://cepchile.cl/cep/site/artic/20160303/asocfile/20160303184027/rev17_sartori.pdf
Nohlen, D. (1999). Sistema de Gobierno, Sistema Electoral y Sistema de Partidos Políticos : opciones institucionales a la luz del enfoque histórico-empírico. México, DF:Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación